Algunos agricultores optan por no sacar las patatas de la tierra para no aumentar las pérdidas

Algunos agricultores optan por no sacar las patatas de la tierra para no aumentar las pérdidas

La cotización de este tubérculo ha llegado a un punto en el que casi se paga por vender y la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) denuncia que se incumple la Ley de la Cadena Alimentaria.

Es incomprensible que un agricultor reciba un precio determinado por el producto que cultiva y luego se acerque a un supermercado para descubrir que la gente está pagando entre 10 y 15 veces más por ese mismo producto.

Es incomprensible, pero es la triste realidad de la patata (y de muchos otros alimentos) en Castilla y León.

Según asegura Aurelio González, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en esta comunidad autónoma, hace unos 15 años se asustaban cuando la diferencia entre el precio en origen y el de destino superaba un 200%; hoy se llega a alcanzar un 700%.

Y la situación se ha agravado esta campaña, en la que las ventas sin contrato (que en esa región pueden suponer entre un 40% y un 50% del total) han llegado a realizarse por seis céntimos el kilo, mucho menos que los ya exiguos 15 o 20 (dependiendo de la variedad) que se vienen pagando normalmente con contrato de por medio.

UPA ha denunciado esta realidad en los últimos días y resalta que, de no solucionarse, va a suponer la ruina para muchas explotaciones.

Consideran inadmisible que se estén abonando estas ridículas cantidades por parte de operadores sin almacén que compran y venden patatas desde el coche y con el móvil, 'hundiendo miserablemente el mercado'.
 

Producir un kilo de patata cuesta 12,5 céntimos y se está pagando a 6.


La organización agraria añade que estas maniobras perjudican a los pequeños y medianos agricultores, esos mismos que han estado al pie del cañón durante toda la pandemia abasteciendo de alimentos a la ciudadanía, y que ahora encuentran en estos precios un nuevo obstáculo, que se une a los altísimos costes de producción, para hacer rentables sus explotaciones.

Por eso UPA reclama a la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que investigue lo que está sucediendo en Castilla y León porque se está infligiendo un grave daño a los productores, además de no cumplirse la Ley de la Cadena Alimentaria.

¿Por qué?

Aurelio González explica que otros años ha habido situaciones similares, aunque nunca se había llegado a los extremos de esta campaña (añade que en Salamanca se ha oído hablar incluso de cuatro céntimos por kilo).

La situación es crítica a más no poder.

González argumenta que los gastos medios de producción para una hectárea de patatas son de 5.000 euros y la producción media, de unas 40 toneladas; basta con hacer números para darse cuenta de que para sacar de la tierra un kilo de estos tubérculos hay que gastarse 12,5 céntimos, más del doble de los seis que se están pagando.

¿Por qué ocurre esto? Hay dos factores que cita el responsable regional de UPA como más importantes.

Uno es el cierre, a causa de la pandemia, del canal Horeca, a través del cual se daba salida a mucha patata a establecimientos de hostelería.

El otro es que la patata hay que sacarla de la tierra en su momento y el agricultor ha perdido la capacidad de almacenarla para esperar a momentos en los que se pague mejor.

Primero, porque algunos productores, directamente, no disponen de almacén; y segundo, porque esta campaña es la primera en la que están prohibidas las sustancias que se emplean para evitar que la patata se nazca, es decir, genere esos típicos brotes que la hacen inviable para la venta.

Por lo tanto, incluso los agricultores que disponen de una nave para guardarlas están atados de pies y manos.

Estas circunstancias son las que están aprovechando los intermediarios para imponer unos precios muy por debajo de los costes de producción, aunque lo cierto es que solo afectan a una parte de los patateros.

¿A cuáles? A los que cultivan sin contrato, es decir, a los que siembran sin tener cerrada la venta de su producto, que suponen aproximadamente la mitad de las 18.000 hectáreas de esta hortaliza que se cultivan en Castilla y León.

Una parte de la patatas van a parar a la industria, y en esos casos, habitualmente, se firma previamente un contrato con un precio cerrado, que suele oscilar entre los 15 y los 18 céntimos, dependiendo de la variedad y de otros factores.

Sin embargo, la patata destinada a la venta directa al consumidor, la que se puede comprar en mercados, fruterías y supermercados, no suele estar sujeta a estos contratos y sufre unos precios que fluctúan mucho más.

González manifiesta que esta coyuntura puede hacer que la cotización llegue a ser más alta que la que se fija de antemano, pero que eso hace años que no ocurre, y que este año ya se ha llegado a un límite difícilmente sostenible.

Así pues, desde UPA recalcan que la única solución posible a este grave problema es que AICA haga su trabajo y obligue a cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, de modo que las ventas por debajo de los precios de producción desaparezcan y los agricultores puedan hacer económicamente viables sus explotaciones.

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